A propósito del artículo publicado en la última edición de la revista Semana, titulado "Abogados Para-políticos" me nace la incontenible necesidad de hablar a favor de aquellos juristas que han asumido la defensa judicial de los vinculados con la "parapolítica". Aunque el autor del artículo intenta juzgar la labor que ejercen los abogados de los que habla, por momentos parece estar criticando abiertamente el hecho de asumir la defensa de unas personas cuyos casos parecen, en principio, perdidos (por ser culpables).
Independientemente de las pasiones que pueda suscitar el tema particular de la "parapolítica" hoy, es claro que discusión de fondo es aquella sobre el dilema de si es éticamente correcto defender a un culpable. En el mismo sentido cabría reformularla preguntando si todos los culpables merecen una defensa o si depende de sus delitos y circunstancias.
De plano y sin misterios afirmo que estos abogados tienen el derecho a defender a quien cada uno considere conveniente. Éticamente es absolutamente legítimo asumir la defensa de un culpable en tanto se hace para proteger derechos que se erije como pilar del modelo democrático: el derecho a la defensa y al debido proceso. Cuando se pone en tela de juicio el actuar de un abogado por representar a un culpable, independientemente del delito que éste haya cometido, es necesario tener cuidado de no confundir el derecho que aquel tiene de defender con eventuales deslealtades a la ley a la hora de ejercer la defensa. Es claro que la legitimidad de defender causas perdidas no ampara las conductas ilegales y en este sentido es necesario rechazar que se presuma la deslealtad del abogado que garantizando el derecho a la defensa toma el caso de una persona que es culpable.
El abogado penalista tiene el derecho de defender legitimamente a un culpable y no existe persona que no merezca defensa, independientemente del delito que haya cometido. Otra cosa es que haya juristas que por convicciones personales nunca tomen ciertos casos o ciertos tipos de delitos.
Para terminar, no encuentro cuál es el problema de que los reputados abogados que han asumido la defensa de algunos de los congresistas hoy investigados cobren sumas de dinero elevadas como honorarios. ¿Ácaso no es lo que hacen consultores y abogados de otras ramas cuando asesoran a sus clientes o asumen la representación en sus procesos? ¿No es ese el valor del trabajo, de la experiencia y la reputación? Al final escoger cuanto se esta dispuesto a pagar por la defensa es una decisión que corresponde única y exclusivamente al cliente